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Recuperado del Movimiento Ñin Negrón, 17 de febrero del 2023
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Por Prof. Ismael Muller
El imperialismo impone su sistema de explotación en el mundo de diferentes formas.
A través del chantaje, intimidación, coerción, soborno, en alianza con las oligarquías
nacionales o simplemente mediante la agresión abierta o solapada como en el medio
oriente o Venezuela. En Puerto Rico el imperialismo norteamericano impone su sistema
de explotación capitalista utilizando una de las formas de dominación más anacrónicas
en el siglo 21, el colonialismo. Las consecuencias de 117 años de explotación colonial son
más que evidentes. Las cifras macroeconómicas demuestran que la economía de Puerto
Rico es una gravada por una deuda pública y privada impuesta desde Washington que es
impagable. Los niveles de pobreza en el país son alarmantes y las perspectivas a corto
plazo son de una profundización del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría
de la población.
Las cifras oficiales estiman que un 48% de la población vive bajo el nivel de pobreza y
depende de ayudas públicas y la economía informal para cubrir sus necesidades básicas
tales como alimentación, vivienda y salud (1). La deuda pública asciende a 67,273
millones de dólares a julio del 2014 último año para que se tengan cifras oficiales y la
deuda privada para la misma fecha se estimó en 22,785 millones de dólares para un
total de 90,058 millones de dólares (2). La deuda pública del gobierno colonial
representa el 97% del Producto Nacional Bruto (PNB) y la deuda total pública y privada
asciende al 130% del PNB. Para el año 2015 se proyecta que la deuda publica alcance los
73,000 millones de dólares (3). El desempleo oficial es de 14.4% (4) aunque la mayoría
de los economistas reconocen que la cifra real podría superar el 20% cuando se toma en
consideración que la tasa de participación oficial es de apenas un 40.6% (5).
En los últimos 9 años el deterioro de la economía puertorriqueña se ha acelerado con
una caída del PNB de 13%, una caída de la inversión bruta de un 25%, una baja de 14%
en sueldos y jornales y un descenso de 11% en el empleo (6). Como consecuencia se ha
acelerado la emigración al punto que se estima que en los últimos 10 años más de
500,000 personas han tenido que abandonar el país mayoritariamente hacia Estados
Unidos (7). En estos momentos se estima que la mitad de la población puertorriqueña
vive en ciudades norteamericanas (8) encontrándose entre las poblaciones de más bajos
ingresos y mayores niveles de pobreza en ese país. Las consecuencias sociales de este
deterioro económico son reconocidas por todos los medios de comunicación,
organizaciones profesionales como el Colegio de Médicos, el Colegio de Trabajadores
Sociales así como por el propio gobierno colonial y la comunidad internacional. Altos
niveles de violencia (sobre 600 asesinatos al año), altos niveles de enfermedades
mentales. Un aumento en los suicidios, el alcoholismo, uso de drogas y violencia
familiar.
A lo anterior se suma la destrucción de la agricultura (otrora la principal industria del
país). Lo que nos ha llevado a importar el 87% de los alimentos que consumimos. Con la
consecuencia de un deterioro en la alimentación de la población, especialmente la
infantil. Lo que ha llevado al país a tener altos niveles de obesidad, diabetes,
enfermedades del corazón, cáncer y asma. El 30% de la población infantil padece de
asma, lo que es 3 veces lo normal (9). Todo esto es el resultado de la imposición de una
modificación en la dieta para adaptarla a las necesidades de las empresas de alimentos
norteamericanas. Cambiando la dieta tradicional del puertorriqueño por una con un alto
consumo de grasas saturadas, ingredientes artificiales y productos genéticamente
modificados.
La eliminación de los pequeños comerciantes y pequeños y medianos productores en
beneficio de las megatiendas norteamericanas ha convertido los centros urbanos en
verdaderos pueblos fantasmas. Con la inevitable pérdida de ingresos para los
municipios (las megatiendas casi no pagan impuestos) lo que los ha llevado a la
bancarrota. En estos momentos prácticamente todos los municipios del país están
sufriendo de graves déficit fiscales y están al borde de la quiebra.
A esto se le añade un marcado deterioro en el medio ambiente como consecuencia de
la contaminación producto de la actividad industrial de compañías norteamericanas
especialmente farmacéuticas y petroquímicas. Así como la experimentación en nuestro
suelo de productos químicos como el agente naranja y otras sustancias toxicas
producidas por empresas como Monsanto y Dupont. Esta situación ha empeorado más
en las últimas décadas como consecuencia de la eliminación de leyes que protegían el
medio ambiente. Así como la aprobación de leyes que facilitan la obtención de permisos
para todo tipo de empresas que operan sin ninguna consideración al ambiente.
Frente a esta situación el gobierno colonial ha respondido aumentando los impuestos
a las clases trabajadoras, así como aumentando los precios en los servicios básicos como
energía eléctrica y agua potable. Recortando la nómina en el gobierno en más de 30,000
empleos (15% del total de empleados públicos) y reduciendo los servicios públicos a la
ciudadanía. Como ejemplo el año pasado se cerraron 100 escuelas públicas. Los
servicios de salud se han racionado al punto que los hospitales públicos carecen de
medicinas y los servicios de salud mental se han reducido de tal forma que han creado
una verdadera crisis de salud mental en el país. A esto se le añade el deterioro marcado
de la infraestructura en las áreas de transportación, energía eléctrica,
telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y acueductos. En estos momentos el deterioro
de las represas y embalses del país es de tal magnitud que cientos de miles de habitantes
de la capital (la principal área metropolitana del país) se encuentran bajo un régimen de
racionamiento en el cual reciben el servicio de agua potable una vez cada 3 días.
Pero las medidas del gobierno norteamericano en Puerto Rico para asegurar el pago de
la deuda pública a los bancos solo han tenido el efecto de empeorar la situación con el
consiguiente deterioro en los niveles de vida de las clases trabajadoras y la
profundización de la crisis fiscal. Ante esta situación la solución impuesta a nuestro
pueblo es la misma que impone el imperialismo en todas partes, aumentar las medidas
de austeridad fiscal aún más. Para el año fiscal que empieza en julio del 2015 se
anuncian nuevos recortes en los servicios del gobierno a los ciudadanos y más aumentos
de impuestos a las y los trabajadores. Se anuncia el cierre de 98 escuelas adicionales, un
aumento en los impuestos al consumo del 7.5% al 11.5% y la extensión a productos
básicos como los alimentos de un impuesto adicional de 4%. Junto con reducciones
dramáticas a los presupuestos de las universidades públicas. Esto con la posibilidad casi
segura de reducción en la jornada de trabajo a miles de empleados públicos y el posible
despido de miles más. Así como el aumento de los precios en los servicios básicos como
energía eléctrica y agua potable.
La reacción de la ciudadanía ante este cuadro desolador como era de esperarse ha
resultado en un aumento de las protestas y en el rechazo a la condición colonial del país.
Los sindicatos, los estudiantes y la ciudadanía en general se han lanzado a la calle a
protestar. Ante esta situación el gobierno de los Estados Unidos responde echándole la
culpa a los puertorriqueños y renegando de toda responsabilidad en este desastre
económico. La propaganda oficial responsabiliza a la incompetencia del gobierno local
por la crisis fiscal y a la actitud irresponsable de los puertorriqueños de querer vivir por
encima de sus posibilidades económicas. En otras palabras la culpa no es de la potencia
que ocupa nuestro país si no de los mismos ciudadanos que tenemos que sufrir las
consecuencias de dicha ocupación. La justificación para esta posición del gobierno
norteamericano es que el país tiene gobierno propio dirigido por políticos elegidos por el
propio pueblo de Puerto Rico el cual goza de plena autonomía fiscal. Sin embargo
cuando analizamos los propios datos y la historia económica de Puerto Rico vemos
como este argumento es completamente falso.
Los argumentos del gobierno norteamericano se pueden resumir de la siguiente
forma:
- Puerto Rico tiene un gobierno propio elegido por los ciudadanos en elecciones
libres y democráticas que goza de autonomía fiscal.
- El gobierno de Estados Unidos transfiere miles de millones de dólares
anualmente para ayudar al gobierno de Puerto Rico así como otro tanto en
ayudas directas a los ciudadanos.
- La integración a la economía norteamericana y el libre acceso a su mercado son
una ventaja que goza Puerto Rico gracias a su “relación especial” con Estados
Unidos.
- Esta relación especial es la que ha permitido el desarrollo económico del país.
Ciertamente que en Puerto Rico hay elecciones cada 4 años para elegir alcaldes,
legisladores y al gobernador. Pero no significa que exista una democracia, solo que la
gente puede votar. ¿Cómo se puede hablar de democracia en un proceso electoral
totalmente controlado desde Washington? El control de la metrópolis es de tal magnitud
que la fiscal federal tiene el poder legal de intervenir cuando lo entienda necesario. De la
misma forma la Corte Federal en Puerto Rico tiene el poder de intervenir en los
procesos electorales cuando entienda que los intereses de Estados Unidos se ven
amenazados. Este poder les da a los organismos como la corte y la fiscalía federal de
Estados Unidos la autoridad de descalificar candidatos, enmendar leyes, revocarlas, así
como también revocar decisiones de las cortes puertorriqueñas. La corte de Estados
Unidos es al final de cuentas el máximo árbitro en las disputas entre los partidos
políticos de Puerto Rico. Este poder ha sido utilizado ampliamente cambiando
decisiones de los organismos electores y cortes puertorriqueñas. Esto ha tenido el efecto
de alterar resultados electorales como en el caso de las consultas sobre cambios a la
relación colonial del país. También ha sido utilizado para favorecer a aquellos
candidatos pro norteamericanos y en detrimento de las organizaciones
independentistas. Más de una vez los organismos imperiales han sometido acusaciones
(reales o ficticias) contra aquellos políticos que no están de acuerdo aunque sea un poco
con las políticas de Washington. De la misma forma estos mismos organismos protegen
a políticos corruptos cuya única virtud es ser incondicionales de la metrópolis. Todo esto
sin contar con el control de los medios de comunicación que dependen de una licencia
para operar del gobierno norteamericano.
De la misma forma que la democracia puertorriqueña es una ficción la supuesta
autonomía fiscal parece más una broma de mal gusto que una realidad. Ciertamente que
el gobierno colonial puede tomar decisiones sobre cómo gastar el presupuesto y la
política contributiva. Pero estas decisiones están limitadas por las leyes norteamericanas
y las cortes que las implementan. Esto hasta el punto que las cortes de Estados Unidos
determinan hasta el precio de la leche en el país. De la misma forma pueden revocar
leyes que puedan afectar los intereses de las empresas norteamericanas en Puerto Rico.
El control sobre la política fiscal del país se puede apreciar más claramente en el hecho
que el gobierno colonial tiene un grupo de “asesores” del gobierno norteamericano que
se asegura de que el gobierno de la isla siga al pie de la letra las políticas del gobierno
federal.
- Un buen ejemplo de lo anterior lo es la Autoridad de Energía Eléctrica, principal
corporación pública del país. En estos momentos esta empresa se encuentra
virtualmente en quiebra y bajo sindicatura de los bancos acreedores que poseen la
deuda. Esto significa que la política energética del país está determinada desde Wall
Street y los puertorriqueños no tenemos nada que decir al respecto. El síndico a cargo de
la corporación ha iniciado un proceso de restructuración que incluye la privatización de
activos, aumentos en las tarifas y eliminación de los subsidios a las personas de bajos
ingresos así como a las personas mayores. Frente a esta situación que amenaza la
estabilidad económica del país y limita cualquier política de desarrollo, el gobierno
norteamericano se lava las manos y nos culpa por la mala administración de dicha
empresa. Sin embargo cuando vemos la historia reciente de esta corporación vemos la
mano del gobierno norteamericano claramente detrás de la administración, así como de
la política energética que la ha llevado a la situación actual.
A finales de la década de los 80 la junta de gobierno de la Autoridad de Energía
Eléctrica aprobó un plan de desarrollo para dicha corporación que pretendía
implementar una política energética adecuada a las necesidades del país. La meta
consistía en reducir las tarifas, reducir los costos de operación, reducir la deuda y
moverse a la producción de energía renovable. Sin embargo estos planes tuvieron que
ser abandonados casi de inmediato ante la aprobación en el congreso de los Estados
Unidos de una ley que se extendió a Puerto Rico que obligaba a la corporación a
comprar energía eléctrica a compañías norteamericanas privadas que planificaban
operar en el país. El resultado fue un mayor endeudamiento de la corporación al verse
obligada a comprar energía que en muchos casos no necesitaba e invertir en nueva
infraestructura para facilitar la operación de estas compañías privadas así como un
aumento en las tarifas de electricidad que fue pasado enteramente a los consumidores.
Además se retrasó por 20 años la implementación de una política de energía renovable
con las consabidas consecuencias para el medio ambiente y la salud de miles de
puertorriqueños. Todo esto llevo a la corporación a la insolvencia. Finalmente en el 2014
el gobierno colonial aprobó una ley de quiebra para las corporaciones públicas con el
propósito de permitir una reestructuración de la corporación con un mínimo de impacto
para el pueblo. Pero dicha ley fue invalidada por el gobierno norteamericano de forma
arbitraria lo que impidió la posibilidad de una reestructuración de esta corporación que
pudiera permitir sacarla de la situación en la que se encuentra sin perjudicar los
intereses del país. Finalmente la empresa termino en sindicatura y bajo el control de los
acreedoresLa historia anterior se repite una y otra vez con prácticamente todas las corporaciones
públicas. La Autoridad de Acueductos, la compañía telefónica, la Autoridad de los
Puertos, la Autoridad de Carreteras y los fondos de pensiones de los empleados
públicos. Todos insolventes, privatizadas o a merced de los bancos de Wall Street. El
total de deuda acumulada por las corporaciones públicas asciende a 48,744 millones de
dólares a junio de 2014 (10) o el 72% de la deuda pública. ¿Es esto autonomía fiscal?
¿Realmente somos los puertorriqueños responsables de esta situación? La realidad es
que la crisis fiscal es más el resultado de una política fiscal impuesta desde Washington,
diseñada para favorecer a los intereses de las corporaciones norteamericanas más que el
resultado de una incompetencia administrativa.
Sobre la transferencia masiva de fondos del gobierno norteamericano a Puerto Rico se
puede decir sin lugar a dudas que es totalmente falso. Pero para probar la falsedad de
dicho argumento es necesario analizar primero ciertas cifras económicas. Hay 2 formas
de medir la economía de un país. A través del gasto o a través del ingreso. Según la
teoría económica ambas cifras deberían ser iguales. Esto debido a que todo gasto de una
persona o empresa representa un ingreso para otra. En la realidad estas cifras no son
exactamente iguales y normalmente existen pequeñas diferencias entre ambas. Esto se
debe a que no todo el ingreso es recibido por los habitantes del país, sino que parte
puede ser recibido por personas que viven en el extranjero y lo gastan o invierten en el
exterior. De la misma forma personas extranjeras pueden gastar dinero obtenido en el
exterior. Esto lleva a que se den pequeñas diferencias entre el ingreso (Producto Interior
Bruto o PIB) y el gasto (Producto Nacional Bruto o PNB).
Cuando observamos las cifras para Puerto Rico algo que llama la atención es la
diferencia tan marcada entre el PIB y el PNB. Para el 2014 el PNB se estimó en 69,201
millones de dólares, mientras que el PIB para el mismo año se estimó en 103,675
millones de dólares. Esto es una diferencia de 34,474 millones de dólares o el 33.3% del
PIB (11). Esto significa que de cada 3 dólares que se producen en el país uno es
transferido al extranjero. Lo anterior demuestra que a pesar del dinero que recibe
Puerto Rico del gobierno de Estados Unidos el resultado final es una transferencia neta
de riqueza del primero al segundo. Para entender esto mejor debemos analizar en más
detalle las cuentas nacionales.
Para el año 2014 las transferencias federales (como se conocen los fondos transferidos
al país por el gobierno norteamericano) ascendieron a un total de 17,282 millones de
dólares de los cuales 14,654 millones fueron transferencias directas a individuos y 2,326
millones al gobierno central (12). El resto fue transferido a municipios y empresas
privadas. Además de lo anterior el gobierno norteamericano gasto 713.5 millones de
dólares en gastos para el funcionamiento del gobierno federal. Estos gastos fueron para
defensa y agencias represivas como el FBI, la Corte Federal y la fiscalía federal (13). Pero
a diferencia de lo que se ha hecho pensar, mucho de ese dinero es recuperado a través
del cobro de impuestos por parte del gobierno norteamericano a los ciudadanos del país.
El gobierno norteamericano recibió para el año 2014 la cantidad de 3,736 millones de
dólares en impuestos cobrados a individuos (14). Esto a través del cobro del Seguro
Social, aranceles, multas y el cobro de otros seguros como el seguro contra
inundaciones. De hecho el grueso de las transferencias a individuos son por el pago de
derechos adquiridos como el Seguro Social, pensiones a veteranos y seguros médicos
como el Medicare y el Medicaid. El total de estas transferencias sumo 13,174 millones de
dólares para el 2014 (15). Esto deja un total de 4,108 millones en ayudas directas a
individuos, lo que al sumarle las transferencias al gobierno central nos da un total de
solamente 6,434 millones en ayudas. A penas una fracción del total. Pero esta cifra
tampoco representa una transferencia neta del gobierno norteamericano a Puerto Rico,
pues todo o casi todo es recuperado a través de los impuestos corporativos que se le
cobra a las empresas extranjeras (mayoritariamente norteamericanas). Estos impuestos
son cobrados por el gobierno norteamericano a estas corporaciones cuando repatrian
sus ganancias a sus empresas matrices. Aunque no existen cifras oficiales sobre el
monto de esta cantidad, en un estudio del propio congreso de los Estados Unidos se
estima que en 2013 superó los 5,900 millones de dólares (16).
Además de lo anterior Washington discrimina a Puerto Rico al devolverle menos de lo
que le correspondería según los pagos que se hacen. Como ejemplo, la cantidad recibida
por Medicaid es la mitad de lo que le corresponde a Puerto Rico según los pagos que
hacen los individuos al seguro médico federal. Esto representa una pérdida de casi 500
millones de dólares al año. Esto es en parte la causa de la crisis del sistema de salud
pública en la Isla. Pero más aún, mientras en Estados Unidos se anuncia un aumento de
3% para los estados para el 2016 en los ingresos por concepto del Medicare (seguro
médico que reciben los jubilados como parte de sus beneficios). A Puerto Rico se le
recorta un 11% de la partida que recibe actualmente. Esto augura una seria
profundización de la crisis del sistema de salud pública.
Los datos demuestran que el argumento de que Puerto Rico es ayudado
económicamente por el gobierno de Estados Unidos es falso. En todo caso los datos
demuestran lo contrario, en casos como el Seguro Social es Puerto Rico quien subsidia a
la metrópolis. No solo porque recibimos menos de lo que nos corresponde sino porque
también este impuesto (el nombre oficial es “impuesto sobre la nómina”) representa un
gravamen para nuestra economía. Al ser el pago de un impuesto del que la persona no
podrá disfrutar hasta su retiro, esto significa que miles de millones de dólares son
extraídos anualmente para subsidiar el presupuesto de la metrópolis. Privando de esta
forma al país de poder desarrollar un fondo de retiro adecuado. Lo que nos priva de una
fuente de capital para inversión. En muchos países estos fondos de retiro son utilizados
como una fuente de capital a bajos intereses que son utilizados por el estado para
financiar infraestructura e impulsar el desarrollo. En nuestro caso somos privados de
esta fuente de financiamiento a bajo costo. Esto nos obliga a tomar prestado en el
mercado de bonos municipales norteamericano (ya que Puerto Rico está impedido de
acceder a otros mercados financieros al no tener soberanía) a intereses más altos. Esto
beneficia a la banca norteamericana, convirtiéndonos en verdaderos rehenes de estos
bancos. Lo que representa una pérdida de miles de millones de dólares para nuestra
economía al mismo tiempo que incrementa la deuda pública.
Las tan famosas ayudas que recibe la isla no son tales. Sino que en realidad
representan el control del 60% de nuestro presupuesto. En otras palabras la metrópolis
confisca la mayor parte del presupuesto del país y luego lo administra de acuerdo a sus
intereses. ¿Es esto autonomía fiscal? De esta forma Washington no solo decide cómo se
gastan estos fondos públicos, sino que además es utilizado como una poderosa
herramienta de propaganda política. Todos los días se le recuerda a los millones de
nuestros ciudadanos que dependen de ayudas públicas, como sus precarias existencias
dependen del bondadoso gobierno norteamericano. De la misma forma esta propaganda
también es utilizada para engañar a la comunidad internacional haciéndole creer que
Estados Unidos cumple con su responsabilidad como potencia ocupante de velar por el
bienestar de los ciudadanos del territorio que ocupa.
Sobre las ventajas que representa nuestra “relación especial” (eufemismo que utiliza el
gobierno colonial para no llamarlo por su nombre “relación colonial”) una mirada a las
consecuencias de esta demuestran que es todo lo contrario. Esta supuesta ventaja
representa un acceso al mercado norteamericano que no podemos aprovechar debido a
las asimetrías económicas. Mientras abrimos nuestra economía a una competencia
desigual que desplaza a las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas en beneficio
de las empresas norteamericanas. Esto representa el principal impedimento para el
desarrollo económico del país. En realidad este tipo de “relación” no es otra cosa que la
base sobre la que se sustenta la explotación de nuestro pueblo.
Para analizar el argumento del “desarrollo económico” producto de la intervención
norteamericana primero debemos definir qué significa este concepto para la metrópolis.
La productividad promedio por trabajador en Puerto Rico se estima en $ 106,240.00
(17). La más alta de América Latina. Más del doble que la de Chile o Brasil, que son los
países más desarrollados de la región. Desde la década del 1960 hasta el 2006 los
ciudadanos de la isla gozaban del nivel de vida más alto de la región. Todavía hoy a
pesar del deterioro evidente, estamos entre los primeros 5. Todos estos son argumentos
utilizados para probar el desarrollo que trae el ser colonia de Estados Unidos. Pero estas
cifras son engañosas. Recordemos que en 1800, Haití era el país más rico de todo el
continente. Aunque servía de poco para la mayoría de la población que vivía en la
esclavitud con una expectativa de vida de apenas 8 años.
Las cifras de ingresos para el año 2014 fueron de 25,625 millones de dólares en
sueldos y jornales o el 25% del PIB, el ingreso personal total para el mismo año fue de
28,618 millones o apenas el 28% del PIB (18). Esto significa que el ingreso personal es
poco más de una cuarta parte de lo que se produce en el país. Sin embargo cuando
vemos los ingresos de las corporaciones para el mismo año estas fueron de 61,613
millones de dólares o el 62% del PIB (19). Esta diferencia abismal entre lo que producen
las y los trabajadores del país y sus ingresos se debe a que a pesar que nuestra
productividad es casi igual a la de EE. UU., los sueldos son apenas la mitad. Esta es la
razón por la cual a pesar de que la productividad en Puerto Rico es más del doble que
en Chile nuestro ingreso per cápita es de apenas $17,000, mientras el de Chile es de
$18,000. Las cifras demuestran que esta explotación se ha incrementado en los últimos
10 años.
En el 2005 el ingreso personal en el país fue de 29,372 millones de dólares, lo que
significa una reducción de 3% en los pasados 10 años en términos nominales, pero al
descontar el aumento en el costo de vida, esta reducción es de 14%(20). Sin embargo los
ingresos de las corporaciones aumentaron en el mismo periodo un 36% en términos
nominales, desde 45,357 en el 2005(21). Esto se refleja en un aumento de 18% en la
repatriación de ganancias de las empresas norteamericanas para este periodo de 30,136
millones de dólares a 35,633 (22). Lo que la metrópolis define como “desarrollo
económico” en realidad significa grandes ganancias para las empresas norteamericanas.
El resumen de la transferencia neta de riqueza de Puerto Rico a Estados Unidos se
puede observar mejor en la siguiente tabla:
Transferencias de ingresos entre Estados Unidos y Puerto Rico para el año
2014
Transferencias de Estados Unidos a Puerto Rico (en millones de dólares)
Fondos federales $17,282
Menos transferencias de Puerto Rico a Estados Unidos
Pagos de contribuciones de individuos 3,736
Repatriación de ganancias de las corporaciones 35,633
*Otros 12,387
Total de transferencias 51,756
Transferencia neta (34,474)
*Incluye el servicio de la deuda a bancos y bonistas norteamericanos, impuestos sobre la
repatriación de ganancias de las corporaciones, pagos de arbitrios e inversión de
compañías e individuos de Puerto Rico en Estados Unidos etc.
**Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico. Entonces ¿Cómo es posible que durante décadas los puertorriqueños tuvieran el nivel
de vida más alto de América Latina y el Caribe? La respuesta la podemos encontrar en la
deuda acumulada durante este periodo. La razón detrás de esta deuda es que la misma
fue utilizada para subsidiar el consumo a través del endeudamiento del gobierno
colonial así como de las clases trabajadoras. Puerto Rico no era el país de mayor ingreso
en América Latina sino el de mayor consumo. Consumo que era sostenido
artificialmente por una deuda estimulada desde Washington con el propósito de ocultar
la realidad de explotación y miseria que genera el colonialismo en la isla. Esto junto a
una emigración forzada de millones de puertorriqueños fue la verdadera razón detrás
del milagro económico que vivió el país. Mucho de la mejoría en las cifras
macroeconómicas durante las décadas del 50 y el 60 fueron el producto de la emigración
forzosa de la mitad de la población más pobre del país. Desde la década del 70 el nivel
de consumo fue sostenido mediante la emisión de deuda. Al momento en que la deuda
llego al límite de la capacidad de repago del país el consumo se desplomo y el gobierno
colonial quedo insolvente. Ahora Washington culpa a su colonia y le exige que le page la
deuda a los bancos y bonistas norteamericanos.
El subsidio al consumo mediante el endeudamiento es una de las razones para una
deuda de la magnitud que tiene el país. Pero también dicha deuda cumple un propósito
adicional. Durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha utilizado el presupuesto
del gobierno colonial para favorecer a las corporaciones norteamericanas que hacen
negocios en Puerto Rico. Miles de millones de dólares del presupuesto son utilizados
para pagar por bienes y servicios producidos por estas corporaciones a sobre precio al
mismo tiempo que disfrutan de subsidios y beneficios. Muchos de estos gastos han sido
cubiertos por la emisión de deuda convirtiéndose en otra razón para los niveles que ha
alcanzado la misma.
Un ejemplo de lo anterior es la Corporación Azucarera. Durante la década del 50 el
desplome de los precios de la azúcar redujo significativamente las ganancias de las
corporaciones norteamericanas que se dedicaban a la producción de azúcar de caña. La
solución a esta situación consistió en obligar al gobierno colonial a comprar a
sobreprecio los activos de estas corporaciones, así nació la Corporación Azucarera. Pero
para esto el gobierno se vio obligado a hacer una emisión de bonos para costear dicha
transacción. Finalmente se vio obligado a incurrir en más deuda para subsidiar las
operaciones de esta corporación hasta la década de los 90 en la cual finalmente fue
desmantelada. Sin embargo el pago de la deuda aún sigue y es parte del desastre fiscal
actual.Otro ejemplo lo fue la privatización durante los años 90 de la administración de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Corporación que se encarga del
procesamiento, distribución y disposición del agua en el país. Dos compañías privadas
se beneficiaron de contratos por casi 2,000 millones de dólares para hacerse cargo de la
administración de dicha corporación. No hay explicación para justificar dicho contrato
totalmente innecesario que fuera el favorecer a dichas compañías. Pero el resultado final
fue el que dichas compañías malgastaron los pocos recursos de la corporación en
proyectos innecesarios y costosos para favorecer a compañías de construcción. Esto
termino endeudando aún más la corporación mientras se abandonaba el mantenimiento
de la infraestructura. No se repararon los salideros, no se dragaron los embalses no se le
dio mantenimiento a las plantas de tratamiento y finalmente los contratos con estas
compañías fueron cancelados. En estos momentos la propia Autoridad de Acueductos
estima que más del 60% del agua potable se pierde por roturas y salideros (23). Los
embalses están sedimentados y han perdido significativamente la capacidad de
almacenar agua. Todo lo anterior es la explicación de la deuda que aporto esta
corporación al gobierno colonial, pero también es la razón por la cual más de un millón
de ciudadanos se encuentran bajo un régimen de racionamiento que solo les permite
recibir agua unas pocas horas cada 3 días.
Como los casos anteriores podríamos dar más ejemplos. La inversión de miles de
millones de dólares en proyectos como el tren urbano que costó 2,000 millones y opera
con pérdidas de 145 millones al año. Un centro de convenciones de proporciones
faraónicas, autopistas innecesarias y construidas a sobre costo. La privatización del
sistema de salud pública que incremento el costo de los servicios en 700 millones al año
para asegurar las ganancias de las compañías privadas que lo administran. Lo anterior
con el cierre de decenas de facilidades de salud y el racionamiento de servicios a la
población medico indigente. Todo esto se costeó con la emisión de deuda para cubrir
gastos recurrentes. Se estima que entre el 1992 y el año 2000 el gobierno colonial emitió
más de 20,000 millones de dólares en deuda para cubrir estos gastos. El nivel de deuda
llego a proporciones de tal magnitud que desde entonces la política fiscal ha consistido
mayormente en la emisión de más deuda solo pagar cubrir el servicio de la deuda
adquirida durante aquel periodo. La génesis de la deuda fue una orgia de gastos
impuesta desde Washington que enriqueció a los inversionistas privados de Wall Street
mientras se mantenía artificialmente la economía de la colonia.
Otra causa de la deuda pública se encuentra en los déficits recurrentes del gobierno
colonial. La cantidad exacta es desconocida aunque se estima que el mismo fluctúa
alrededor de los 3,000 millones al año. La causa de este déficit estructural se encuentra
en la política contributiva que ha implementado el gobierno en los últimos 25 años.
Desde la década del 90 se han llevado a cabo al menos 4 reformas contributivas. Aunque
diferentes entre sí todas se caracterizan por reducciones en las tasas contributivas a las
empresas y personas de mayores ingresos junto con aumentos en los impuestos a los
sectores obreros y de más bajos ingresos. Esta política contributiva de carácter regresivo
tiene como meta el trasladar el peso de la carga contributiva de los sectores más ricos a
las clases trabajadoras. Esto es parte de una masiva redistribución de riqueza de las y los
trabajadores a las corporaciones e individuos más ricos. Sin embargo el efecto a largo
plazo ha sido el de generar un déficit permanente que es cubierto por la emisión de
deuda. Estas reformas incluyen una reducción de las tasas corporativas de 48% a 25%
incluyendo una exención especial para los bancos que reduce su tasa contributiva a solo
un 2.5% (24). De la misma forma se implementa un impuesto al consumo de 7.5% junto
con reducciones en las tasas máximas de ingresos. Estas reformas son parte de un plan
de redistribución de riqueza de las y los trabajadores a los más ricos con la consecuencia
a largo plazo de crear un déficit estructural. Si observamos la siguiente tabla podemos
ver mejor el efecto sobre las recaudaciones contributivas.
Contribuciones por sector y % del total de recaudaciones.
Año Contribuciones
Corporativas
% Contribuciones
Individuos
% Impuestos
al
consumo
% Total de
recaudaciones
2005 1,874.2 21.5 2,885.9 33.1 3,964.4 45.4 8,724.5
2014 1,915.1 21.0 1,979.4 21.7 5,212.7 57.3 9,107.2
*En millones de dólares.
**Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.
La proporción de las contribuciones del sector corporativo se han mantenido estables
durante los últimos 9 años en alrededor de un 21% a pesar de un aumento de 27.8% en
las ganancias de 49,929 millones de dólares en 2005 a 63,779 millones en 2014(25). En
términos absolutos la aportación de las corporaciones al fisco solo ha aumentado en
apenas un 2% para el mismo periodo. Sin embargo cuando observamos la aportación de
los individuos vemos una disminución en la proporción de las recaudaciones totales de
33.1% a 21.7% para el periodo. En términos absolutos la baja en la aportación de este
sector es de 906.5 millones de dólares o 31.4%. Lo anterior a pesar que los sueldos para
el mismo periodo han disminuido un 4% de 26,700 millones de dólares a 25,625
millones (26). La única explicación para esta incongruencia solo puede ser que la mayor
parte de la reducción en recaudaciones a individuos ha sido en benéfico de los
individuos más ricos. Sin embargo cuando observamos la proporción de impuestos al
consumo vemos que este beneficio para los individuos de mayores ingresos ha sido en
buena parte a costa de las y los trabajadores. La proporción de las recaudaciones de
estos impuestos ha aumentado de 45.4% a 57.3% o 31.7% en términos absolutos.
Mientras las corporaciones y los individuos gozan de jugosas rebajas contributivas las
clases trabajadoras llevan cada vez más el peso de la carga de sostener al Estado. Pero
además de estos beneficios las grandes empresas gozan de subsidios como tarifas más
bajas de electricidad, agua, préstamos a bajos intereses subsidiados por el Estado y el
alquiler de facilidades y terrenos a bajo precio. El disfrute de tierras adquiridas a precios
por debajo del mercado expropiadas con poco o ninguna indemnización a los
puertorriqueños. Para empeorar la situación fiscal se estima que el gobierno colonial
deja de percibir unos 11,000 millones de dólares al año en contribuciones como
producto de los privilegios contributivos de los que gozan las corporaciones
norteamericanas en el país. Estas exenciones son presentadas como una política de
atracción de capital. Pero en realidad son un subterfugio legal para la evasión
contributiva de estas empresas.
Un análisis de los datos desmiente de forma clara los argumentos de quienes
defienden el colonialismo. Sin embargo esto es solo una parte del verdadero costo para
el pueblo del régimen impuesto por Washington. La emigración forzosa en los últimos
años de miles de profesionales implica una fuga de cerebros sin precedentes en la
historia moderna. La salida de miles de médicos, ingenieros, empresarios, intelectuales,
maestros y enfermeras ha creado una verdadera crisis de servicios en el país por la falta
de profesionales. Puerto Rico invierte miles de millones de dólares en educación para
preparar profesionales de alta calidad para el mercado norteamericano sin embargo
adolece de una escases crítica de profesionales cualificados. Debilitando de esta forma el
recurso más valioso para el desarrollo de un pueblo, el recurso humano.
Otra consecuencia del colonialismo lo es la política de Washington sobre el uso de
drogas ilegales. La llamada “guerra contra las drogas” es en realidad una excusa para
implementar una política de control de la población. Se militariza a la policía y se
establecen controles en las comunidades obreras y más pobres. En muchas
comunidades pobres se han establecido cuarteles de policía que controlan la entrada y
salida de las personas de la comunidad. Se llevan a cabo operativos regulares contra las
comunidades más pobres donde se aterroriza a la población mediante registros
indiscriminados de personas y viviendas, violencia generalizada y destrucción de
propiedad. De esta forma se mantiene una política de intimidación constante y el
control de miles de jóvenes mediante el encarcelamiento por el uso de drogas. Este
enfoque punitivo e indiscriminado para atender un problema de salud pública mediante
la criminalización de conductas no violentas además de ser utilizado como medio de
control ha tenido otras consecuencias. Como respuesta en estas comunidades se ha
observado en las pasadas décadas como estas se han ido organizando con armas
suplidas por el crimen organizado. Estas organizaciones calificadas de “criminales” por
el estado cumplen la función de administrar el tráfico y venta de drogas así como de
servir como líderes de la comunidad. El resultado ha sido una guerra permanente de
estas organizaciones por el control del mercado ilegal de drogas así como de las
comunidades que deja en promedio sobre 600 muertes violentas al año.
Todo lo anterior es una radiografía general del estado actual de las cosas. Sin embargo
las perspectivas para el futuro inmediato son de una profundización mucho mayor de la
crisis que sufre el pueblo. Ante la insolvencia del gobierno colonial este anuncia una
política de mayor austeridad con énfasis en la eliminación de beneficios y derechos
laborales. Para junio de 2015 el gobierno presento un informe económico encomendado
a Ann Kruger, exfuncionaria del FMI con recomendaciones de política fiscal para
enfrentar la crisis. Como era de esperarse la receta presentada fue la misma del FMI
impuesta tantas veces en tantos países. Reducción de la nómina gubernamental,
privatizaciones de los activos del gobierno, eliminación de derechos laborales
(flexibilidad laboral), reducción del salario mínimo, reducción de los servicios a la
población y aumento de precios a los servicios básicos como electricidad, agua, salud y
transportación (27). Estas medidas no son nuevas. Desde la década del 90 en el siglo
pasado se han estado impulsando estas medidas. Al principio se presentaron como una
reforma “estructural” con el propósito de hacer la economía del país más competitiva.
Estas medidas fueron rechazadas por la población al entender que el verdadero
propósito era incrementar la explotación de las clases trabajadoras. La oposición de la
población fue de tal magnitud que incluyo protestas violentas y varios paros generales.
Esto tuvo el efecto de detener o retrasar muchas de las propuestas del gobierno.
Cuando observamos la política fiscal de profundizar en mayores déficits e incrementar
la deuda de forma irresponsable junto con el anuncio sorpresivo de la insolvencia hecho
un día antes de la presentación del informe Kruger. Es obvio que la estrategia del
gobierno consiste en utilizar la crisis de endeudamiento creada por el mismo para crear
un clima de histeria que permita justificar la implementación de medidas que han sido
rechazadas por el pueblo. A Washington no le importa llevar a la quiebra a su colonia
con el propósito de implementar una política económica que incremente los niveles de
explotación y saqueo en beneficio de sus corporaciones. Esto implica un cambio de
actitud de la metrópolis con respecto a su colonia. Ya no se trata de ocultar la
explotación desmedida ni de utilizarla como vitrina de propaganda del imperialismo.
Ahora la política del imperio se limitada a incrementar al máximo su explotación del
territorio sin ninguna otra consideración o interés por sus habitantes.
Es obvio que ante esta situación la única salida que le queda al pueblo de Puerto Rico
es iniciar un proceso de descolonización que conduzca a la independencia. Solamente
siendo un país soberano podremos tener la soberanía necesaria para enfrentar la tarea
del desarrollo económico y terminar con esta crisis permanente que sufre el pueblo. Sin
embargo frente a esta realidad la Metrópolis ha llevado a cabo una campaña de
indoctrinación desde el primer día de la invasión el 25 de julio de 1898 fundamentada
en una supuesta incapacidad del país de sostenerse a sí mismo. La propaganda oficial
nos repite todos los días en las escuelas y todos los medios de comunicación como
disfrutamos de libertad, democracia y prosperidad gracias a la presencia
norteamericana. El general Miles a cargo de las tropas invasoras como primer acto
oficial emitió una proclama destacando que las tropas norteamericanas habían llegado a
“liberar al pueblo del colonialismo español y a traer los beneficios de la democracia
norteamericana a Puerto Rico”. Desde entonces hasta el sol de hoy se ha llevado una
campaña masiva dirigida a destacar la superioridad del invasor ante la patente
inferioridad de los puertorriqueños. Exaltando las virtudes de la sociedad
norteamericana y denigrando la cultura del país descartándola como primitiva y
producto de una “raza inferior” incapaz de gobernarse a sí misma.
Se impuso la educación pública en inglés y se prohibió el uso de la bandera, el himno y
todos los símbolos nacionales en un intento por borrar todo vestigio de nuestra
nacionalidad. Se obligaba todos los días a jurar lealtad a la bandera norteamericana en
las escuelas y a cantar el himno del invasor. Pero la respuesta del pueblo es más que
evidente. Después de 117 años seguimos hablando español, cantando nuestro himno y
enarbolando nuestra bandera. Esto demuestra no solo que Puerto Rico era una nación
con una identidad latinoamericana y caribeña bien definida sino también una fuerte
convicción por parte del pueblo en mantenerla. Sin embargo aunque el aspecto cultural
de la guerra ideológica se ganó, en el aspecto de la percepción económica y política aún
se está luchando.
En el aspecto político sobre la incapacidad de gobernarnos es más que evidente que
desde la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña a mediados del siglo 18 esta ha
estado fundamentada en los más elevados principios de democracia, libertad y justicia
social. Todos estos han sido principios expresados desde la primera guerra de
independencia en 1868. Más aun, cuando el Congreso de Estados Unidos enmendó la
ley de relaciones federales en 1950 para permitirle al pueblo de Puerto Rico el redactar
una constitución, esta fue redactada usando como fundamento la carta de derechos de
las Naciones Unidas. Convirtiéndose en la constitución más progresista de la época. Al
punto que el Congreso se vio obligado a hacerle cambios pues la consideraba muy
liberal. Entre los cambios más significativos impuestos por el Congreso se destacan la
eliminación del derecho al trabajo junto con la obligación de pagar la deuda por encima
de cualquier otra consideración del estado.
En el aspecto económico como ejemplo, hasta la década del 80 el libro de geografía en
la escuela empezaba con una oración que leía “Puerto Rico es una isla pequeña sin
recursos naturales incapaz de sostenerse por sí misma”. La propaganda imperialista nos
recuerda lo pobre que éramos bajo España sin mencionar que esto era resultado no de
nuestra falta de recursos sino de la explotación de la Corona Española. Se llega al punto
de decir que esa pobreza extrema era a pesar de las ayudas que recibíamos de la
metrópolis y se menciona como única evidencia el situado mejicano. Este era una
cantidad de oro que recibía la isla, pero no se dice que este era para pagar los gastos de
las tropas españolas. Ahora se suma a la propaganda oficial el presentar la insolvencia
financiera del estado colonial como prueba definitiva de la incapacidad de la isla. La
conclusión que se nos pretende vender es que esta insolvencia es el resultado de querer
vivir por en sima de nuestras posibilidades económicas y se presenta como prueba
definitiva de la imposibilidad económica de la independencia. De esta forma se pretende
convencer al pueblo de que a pesar de la situación actual estaríamos peor si fuéramos
una nación libre.
La propaganda yanqui ha sido tan efectiva que aun hoy muchos puertorriqueños
cuando se les habla sobre la necesidad de la independencia lo primero que preguntan es
¿Pero de que vamos a vivir? Pregunta que lleva oculta la premisa falsa de que es gracias
a la relación colonial con Estados Unidos que se sostiene nuestra economía. Cuando en
realidad es debido a esta relación que sufrimos de los males económicos que agobian a
nuestro pueblo. Pregunta que surge del fetiche que pretende invertir la realidad. El
problema de la independencia no consiste en terminar nuestra dependencia económica
con la Metrópolis sino en todo lo contrario. El gran reto de la independencia consiste en
cómo utilizar nuestra soberanía para romper con esta dependencia. Después de lograr la
independencia ideológica y la política nos queda lograr la independencia económica. La
independencia por sí sola no resuelve el problema económico. Solo nos convierte de una
colonia política en una colonia económica. No podemos aspirar a la independencia solo
para terminar como muchos pueblos del mundo explotados igual que ahora pero bajo
un régimen político diferente. En ese sentido la independencia nos une a la lucha del
resto de los pueblos del mundo en contra de un orden económico mundial capitalista
que explota sin misericordia a la mayoría de la humanidad.
La lucha por lograr la independencia económica se puede ganar si aplicamos los
principios básicos de la economía. El desarrollo económico de los países en una
economía global consiste en poder aprovechar lo que Adam Smith llamo “las ventajas
comparativas”. La teoría económica desarrollada por el primer economista moderno
postula que los recursos no están distribuidos de forma uniforme. Esto es, los recursos
que son abundantes en un país son escasos en otros y viceversa. El desarrollo económico
consiste en identificar estos recursos y desarrollarlos. En una economía global cada país
se concentra en aquellas áreas económicas en las que tienen ventaja y aprovecha a través
del intercambio las ventajas de los otros. Esto llevado a cabo a través de un comercio
internacional verdaderamente libre y justo es el único modelo económico para la
construcción de una economía global que beneficie a todos los países del mundo. Puerto
Rico goza de cuatro ventajas comparativas que podrían ser la base para el desarrollo de
una economía independiente y auto sustentable, estas son: posición geográfica, turismo,
agricultura y tecnología.
Puerto Rico goza de una posición geográfica envidiable a la entrada del Caribe, en
medio de una de las principales rutas comerciales del mundo. La mayor parte del
comercio marítimo entre Norteamérica, Centroamérica, África y Europa pasa por el
Caribe. Además del comercio que transita por el Canal de Panamá. Esto nos convierte
en el punto de distribución natural en la zona. Esto nos permite desarrollar una
industria de transbordo de mercancías y materias primas competitiva. Además como
centro de transbordo se favorece la atracción de inversión de compañías de manufactura
concentradas en bienes con alto contenido de valor añadido. Esto requiere la inversión
en infraestructura para la construcción y expansión de las facilidades portuarias de la
isla.
Con respecto al turismo el país se encuentra en una de las zonas turísticas más activas
del mundo por la que atraviesan más de 25 millones de turistas al año. En la zona del
Caribe gozamos de recursos naturales tan variados como playas, bosques tropicales y
arrecifes de coral concentrados en un área relativamente pequeña. Esto los hace
accesibles al turista de forma que ningún otro destino turístico posee en el Caribe. Sin
embargo esta ventaja natural nunca ha podido desarrollarse adecuadamente debido a
dos razones. En primer lugar la presencia de bases militares que restringen el acceso a
las áreas de mayor potencial turístico. La designación del país como centro militar
inhibió el desarrollo de esta industria. Otro problema consiste en la segmentación del
mercado turístico por parte de las grandes cadenas de hoteles. Estas han restringido a
Puerto Rico como un destino de turismo corporativo. Esto hace que los precios sean
altos y tiene como meta restringir al turista de clase media a otras áreas ya desarrolladas
del Caribe. Esto saca al país de la competencia por el 90% del mercado. Sin embargo
gracias a la lucha del pueblo para lograr el cierre de la mayoría de las bases militares se
abre la posibilidad de desarrollo de esta industria. Solo nos falta el poder que da la
soberanía para enfrentar la estrategia de las grandes cadenas de hoteles que restringen
este desarrollo.
La tercera área de desarrollo se basa en una industria a la que se le ha hecho una
propaganda en contra durante décadas por parte del gobierno colonial. La agricultura
ha sido el blanco de una campaña que pretende asociarla al atraso, la pobreza y el
subdesarrollo. Esto para favorecer la industria de alimentos norteamericana. Sin
embargo la isla goza de buenas tierras, clima estable y abundantes recursos de agua.
Todo lo necesario para el desarrollo de una industria que cada día cobra más
importancia a nivel mundial. Por supuesto que cuando hablamos del desarrollo de una
industria agrícola no nos referimos a la imagen estereotipada que se vende al público de
un campesino descalzo arando la tierra con una yunta de bueyes. Nos referimos a una
industria moderna altamente especializada. Aunque esto no se debe entender que
estamos abogando por el modelo de agricultura industrial con productos transgénicos,
uso intensivo de herbicidas y plaguicidas estilo Monsanto y Dupont. Sino a la agricultura
del futuro basada en modelo autosustentable. Pero para esto necesitamos el poder
político que nos permita proteger nuestro mercado de las grandes corporaciones
multinacionales. Finalmente tenemos el área de la tecnología. Una de las pocas ventajas de ser una
colonia de una potencia industrial consiste en la necesidad por parte de la Metrópolis de
desarrollar las fuerzas productivas de la colonia. Claro esto en beneficio propio y de sus
corporaciones. Mientras más productivos sean los colonizados mayor será la explotación
y las ganancias. Esto explica él porque la productividad de Puerto Rico es por mucho la
mayor de América Latina y el Caribe. Nuestros logros en las áreas de la medicina, las
telecomunicaciones y la informática son conocidas a nivel mundial. Estas son la base de
nuestra productividad tan alta entre los países en desarrollo. Nuestros médicos,
ingenieros y técnicos en informática están a la par de los mejores a nivel mundial. Sin
embargo esto solo ha servido para beneficiar a las grandes corporaciones capitalistas.
No es en Estados Unidos donde deben estar nuestros mejores talentos. Sino en Puerto
Rico desarrollando una industria de tecnología que sirva de apoyo al desarrollo de las
demás áreas de la economía. Así como centro de apoyo al desarrollo de América Latina y
el Caribe. Esta sería la mayor aportación que podemos hacer a nuestros hermanos
latinoamericanos y caribeños. ¿Porque debe nuestra región depender para su desarrollo
tecnológico de compañías chinas o rusas teniendo en Puerto Rico el potencial de suplir
estas necesidades de forma adecuada?
Como análisis final de la situación y los retos de la economía de Puerto Rico no puede
faltar el tema que representa el mayor obstáculo para cualquier país en desarrollo. Este
es por supuesto el financiamiento. Cualquier estrategia efectiva de desarrollo requiere
de la inversión de grandes cantidades de capital. Esto es precisamente de lo que adolece
cualquier país en desarrollo y su limitación más grande. Es obvio por la experiencia
histórica que las estrategias utilizadas por la mayoría de los países tales como atracción
de capital y financiamiento por bancos privados u otras como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial solo conducen a la pérdida de soberanía. Estas
estrategias deben evitarse en lo posible. Una alternativa que ha sido ensayada con
relativo éxito en países como Chile es la inversión de los fondos de jubilación en el
financiamiento de la infraestructura nacional. Estos fondos que están disponibles como
capital de inversión por lo general son administrados por bancos privados que obtienen
grandes ganancias y dejan a estos fondos con recursos inadecuados que redundan en
pensiones miserables para millones de trabajadoras y trabajadores. El recate de estos
fondos para inversión en el desarrollo de la sociedad y en beneficio de las clases obreras
es una alternativa necesaria. Esto si queremos romper con la dependencia del capital
privado internacional que solo interesa aumentar sus ganancias a expensas de los
recursos del pueblo.
Los fondos de pensiones no solo sirven para financiar las hipotecas a bajos intereses
para las y los trabajadores que los sostienen con sus ahorros. Sino que también son una
fuente de financiamiento a bajo costo de la infraestructura necesaria para el desarrollo.
Pero requiere del rescate de estos fondos de manos de los capitalistas que los explotan
para su beneficio. En Puerto Rico el principal fondo de retiro de las clases trabajadoras
lo constituye el sistema del Seguro Social Federal. Miles de millones de dólares están en
manos del gobierno norteamericano financiando sus gastos y privando a Puerto Rico de
una importante fuente de financiamiento para su desarrollo. Si hacemos un cálculo
conservador de 20,000 dólares acumulados en promedio por un millón de personas que
trabajan y aportan al sistema de forma obligatoria en el país, obtendríamos la suma de
20,000 millones de dólares más los intereses acumulados. Esto más unos 5,000
millones en planes de retiro de los empleados públicos representan la fuente de
financiamiento para la inversión necesaria para lograr nuestra independencia
económica. Pero para esto necesitamos la soberanía que solo da la independencia
política.
En nuestro trabajo hemos querido explicar cuál es la situación económica de Puerto
Rico, sus retos y señalar posibles soluciones. Sin embargo la conclusión inevitable es que
el principal reto en estos momentos no es económico sino político. La independencia
por sí sola no resuelve niguno de los problemas del país. La explotación por el capital
internacional así como la oligarquía nacional, la desigualdad y todos los problemas
sociales que produce son comunes a muchos países soberanos. Sin embargo sin la
independencia es imposible enfrentar los retos que tenemos que enfrentar. La crisis que
vive el pueblo en estos momentos a puesto de relieve más que nunca que la
independencia es la única solución para el pueblo de Puerto Rico.
Ismael Muller Vázquez
Economista y miembro de la dirección del Frente Socialista
Citas
- Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.
- Ibíd.
- Banco Gubernamental de Fomento Económico.
- Fuente: Departamento del Trabajo.
- Ibíd. (1).
- Ibíd. (1).
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (3)
- Fuente: Departamento de Salud.
10.Ibíd. (1).
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
- Fuente: General Accounting Office.
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
20.Ibíd. (1)
- Ibíd. (1)
22.Ibíd. (1)
23.Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
24.Fuente: Departamento de Hacienda.
25.Ibíd. (1)
26.Ibíd. (1)
27.Informe Kruger junio de 2015.
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